La amenaza del Presidente Andrés Manuel López Obrador a periodistas
Por Rodrigo Pérez Téllez
En lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador (diciembre 2018-marzo 2019), de acuerdo con cifras de la organización Artículo 19 han sido asesinados cuatro periodistas en relación con su labor informativa (Artículo19, 2019). Estos datos son preocupantes y alarmantes, pues de acuerdo también con dicha organización, México es el país más peligroso para ejercer esta profesión en América, seguido por Siria. (Excelsior, 2018)
Este contexto político, social y cultural de las distintas violencias que se ejercen sobre el gremio periodístico en el país refleja una situación delicada y compleja: el incumplimiento de mecanismos legales, la falta de garantías, así como políticas públicas que permitan generar acciones preventivas que protejan a los periodistas y su ejercicio de libertad de expresión, pero principalmente, una violencia sistemática que es ejercida y reproducida verticalmente, es decir, que desciende desde el Poder Ejecutivo y se reproduce hacia otros poderes políticos.
Este fenómeno de violencia contra periodistas lo constatamos hace unos días, que derivado de una confrontación para mí natural (derivada de la relación periodismo-sistema político) entre el periodista Jorge Ramos y el presidente López Obrador respecto a diferencias entre los datos cuantitativos sobre el número de asesinatos en el país y una nula política para confrontar esta problemática social, lo cual derivó posteriormente en una serie de descalificaciones sobre la interacción del comunicador con el presidente, principalmente en redes sociodigitales por parte de grupos de apoyo del presidente (Red Amlove), pero por otro lado, se visibilizó una serie de apoyos y reconocimientos hacia el periodista por parte de académicos, activistas, políticos, así como integrantes del propio gremio periodístico.
Esto derivó que el lunes 15 de abril de 2019, en sus habituales conferencias de prensa mañaneras, el presidente retomara la confrontación entre Jorge Ramos y él, en donde sin tapujos, ejerció una clara amenaza discursiva y política al gremio periodístico de México: Ustedes son prudentes, si se pasan ya saben lo que les sucede, ¿no?… pero no soy yo, es la gente”. (SinEmbargo, 2019)
Es a partir de esta frase que es importante retomar lo establecido por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en materia de violencia contra los periodistas, emitida entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en donde plantea recomendaciones para las naciones que enfrentan un problema sistemático de la violencia contra periodistas, como lo es en el caso de México.
Por ejemplo, indica que si bien México estableció un mecanismo legal en 2012 para proteger a periodistas en situación de riesgo con sanciones penales frente a los autores materiales e intelectuales, partícipes, colaboradores y encubridores que hayan cometido el delitoal gremio periodístico en su ejercicio de libertad de expresión, la generación de actividades de capacitación a servidores públicos y fuerzas del orden público para respetar el trabajo periodístico, así como la creación de un comité consultivo encargado de dar seguimiento a este mecanismo para una adecuada implementación a nivel federal y local(OEA, 2014), esto no se ha visto materializado en los últimos años, pero principalmente, no hay una propuesta clara de políticas públicas ni de voluntad política en la actual administración federal que busque combatir este fenómeno.
Asimismo, esta Relatoría ha sugerido la creación de unidades especializadas de investigación en delitos contra la libertad de expresión, en el caso de México, se encuentra la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), sin embargo, el actuar de esta dependencia gubernamental no se ve preciso ni con líneas claras en la presente administración.
En síntesis, el contexto actual en el que se encuentra el gremio periodístico de México pone de manifiesto una clara preocupación: el Poder Ejecutivo ejerce violencia discursiva hacia los comunicadores, en donde además se deslinda y responsabiliza a las audiencias, a ése “pueblo bueno y sabio”, sin mayor agencia social que dialogar y criticar en redes sociodigitales sobre los temas de la agenda pública.
Finalizo, citando al académico y analista Carlos Bravo Regidor sobre este tema: “Cuando AMLO tuvo la oportunidad de condenar la hostilidad contra la prensa crítica, no lo hizo. Prefirió validar esa hostilidad, legitimarla, diciendo que no era él sino la gente”. (Bravo Regidor, 2019)