Lagos de Moreno, Jal. / Redacción
El momento de definir las propuestas específicas que servirán para beneficio de Los Altos y la orientación del Congreso de la Unión para definir las legislaciones correspondientes a los próximos tres años está terminando, el periodo designado para hacer el trabajo de reconocimiento sobre las necesidades de los 7 municipios correspondientes al distrito 2, al igual que el del resto de la nación está al borde de culminar. La temporada de estipular lo aprendido en el proceso de campaña está llegando, éste fue el caso de la contendiente a diputada federal, Martha Romo Cuéllar, quien portando con orgullo la playera del Partido Acción Nacional ha representado durante poco menos de dos meses a la Coalición Va Por México, un proyecto destinado a devolver un equilibrio a la Cámara de Diputados que funcione como contrapeso para el gobierno federal, que según la panista, intenta devolver el diálogo y debate legislativo a los mexicanos para evitar que los recursos continúen siendo direccionados a proyectos que no responden a necesidades ciudadanas, más allá de caprichos presidenciales.
Es debido a que nos encontramos a 10 días de manifestar nuestra decisión en las urnas alteñas que Martha Romo ha lanzado un comunicado en sus redes sociales, donde reitera y establece sus metas concretas para una vez que funja como legisladora federal. En su video destacó que las pensiones para adultos mayores no desaparecerán, puesto que la ley ya las ha estipulado, sin embargo agrega que buscará reformar el apoyo para que incluya también a personas con discapacidad adquirida, de igual manera manifestó que las diferencias políticas una vez en el servicio público, como su trayectoria y experiencia corroboran, dejará de lado sus intereses políticos, apoyando toda iniciativa que sea para el beneficio de la mayoría, respaldando las reformas sin importar quién las proponga, siempre y cuando estén sustentadas y sean dialogadas.
En el comunicado que funciona como resumen de su campaña, Martha Romo declara que rechazará los actos de corrupción y deslealtad, sin embargo, no ha dejado de lado la necesidad de hacer valer los contratos que existan desde el ámbito federal, debido a ello reafirmó que representará al sector lechero como lo ha venido haciendo hasta el momento, y se pronunció en favor de otorgarle una seguridad que con el tiempo ha ido perdiendo, de tal manera que seguir trabajando a la par de los pequeños y medianos productores para continuar sustentando el progreso como representante de ellos seguirá siendo una prioridad para ella. El respeto a la industria alteña no es su única preocupación, pues también denuncia en el comunicado un intento por parte de la bancada morenista de arrebatar la plusvalía de las propiedades privadas, algo que sostiene que en conjunto con su grupo parlamentario harán frente para evitar que suceda.
La contendiente a legisladora federal panista establece con seguridad que tendrá un contacto directo con los siete alcaldes electos en cada municipio correspondiente al distrito 2 el próximo 6 de junio, para buscar que la asignación de recursos federales respondan a las necesidades reales de la región, uno de los ejemplos que Martha Romo nos otorga en su invitación al voto es, que trabajará para persuadir a las y los legisladores federales a restablecer el programa FORTASEG para reforzar las policías con armamento, capital humano y patrullas, buscando restablecer un espacio dignamente seguro. También menciona que tendrá como meta enfocarse en regresar las guarderías a sus funciones para hacer que las madres trabajadoras puedan laborar mientras sus hijos se encuentran en espacios seguros, y declara que luchará por conseguir establecer un Ingreso Básico Universal.
Cabe destacar que el comunicado proyecta un ambiente de triunfo, pues funciona como una celebración de Martha Romo tras notar que encabeza las encuestas que le favorecen considerablemente, por lo que termina por invitar a las y los alteños a ejercer un voto consciente que cuide los intereses de una democracia, misma que parece estar al borde de ser arrebatada de una nación en crisis financiera por problemas administrativos ejercidos por un poder ejecutivo, que utiliza el judicial y legislativo a placer de sus intereses políticos.