Los señalados son Alfredo “N” quien en la fecha de los hechos se desempeñaba como Notario Público número 3 en esa demarcación, así como un abogado litigante quien también se llama Alfredo “N.
De acuerdo con el expediente del caso, en enero de 2011 un Juez Mixto ordenó la ejecución forzosa de un terreno de 40 hectáreas que le fue embargado a unas personas por falta del pago de un millón de pesos más intereses.
Por lo anterior fue vendido en remate el 12 de marzo de 2013 a un ciudadano que adquirió el bien inmueble por la cantidad de 4 millones de pesos.
Luego de llevarse a cabo los procedimientos judiciales correspondientes, entre ellos apelaciones, amparos y recursos de revisión de los primeros dueños, el 10 de marzo de 2015 el asunto fue cosa juzgada, por lo que la resolución tenía que causar efecto y ser entregado el bien a su nuevo dueño.
A su vez, en dicha resolución la autoridad judicial encomendó al Notario Público número 3 ahora imputado, la escrituración del mencionado terreno a nombre del nuevo propietario, por los hechos ya señalados.
No obstante a que el Tribunal que conoció del caso había emitido la resolución, las personas a las que les fue embargado el bien continuaron buscando la forma de quedarse con predio, para ello solicitaron asesoría legal en la cual intervino el abogado Alfredo “N”.
Fue entonces que tramitaron un incidente de prescripción del derecho a ejecutar el mencionado remate, esto en sentencia interlocutoria el 17 de junio de 2016, (no obstante a que el asunto ya era cosa juzgada).
Una vez que esto ocurrió, los posesionarios de origen acudieron con el Notario Público número 3 ahora imputado y le solicitaron la expedición de nuevas escrituras por donación a nombre de sus cinco hijos, lo cual realizó el mencionado fedatario de forma incorrecta.
Ante el injusto, el nuevo propietario del bien inmueble denunció penalmente los hechos, por lo que la Fiscalía Regional de Lagos de Moreno, para garantizar el derecho de acceso a la justicia a la víctima, llevó a cabo una serie de pesquisas y diligencias ministeriales que le permitieron allegarse de suficientes datos de prueba que acreditaron la comisión de diversos ilícitos.
Con relación al Notario Público se configuró fraude específico y falsificación de certificados, mientras que del otro imputado en delitos de abogados, patronos y litigantes así como por fraude específico, por lo que al contar con una sólida carpeta de investigación, esta representación social judicializó el caso.
En la audiencia de imputación el agente del Ministerio Público presentó los elementos reunidos al Juez de Control quien luego de estudiar el caso, coincidió con esta Fiscalía, por lo que vinculó a proceso penal al fedatario así como al abogado, por los ilícitos ya señalados.
Debido a que el primero de los mencionados es una persona de la tercera edad y pertenece a grupos vulnerables, permanecerá en su domicilio. Con relación al abogado litigante Alfredo “N” deberá presentarse a firmar periódicamente ante esa autoridad y estará inhabilitado para ejercer sus funciones durante un año.
La Fiscalía del Estado reitera que uno de sus compromisos es garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos delitos que atentan contra su patrimonio, por lo que hará valer el estado de derecho investigando de forma diligente y objetiva las denuncias, en un marco de respeto a los derechos fundamentales de los ofendidos e imputados.