En la Región de Los Altos de Jalisco, San Juan de los Lagos fue el municipio más afectado con 60 vehículos siniestrados 

 

Guadalajara, jal. / Redacción

 

Con el objetivo de atender las afectaciones derivadas de los hechos de violencia ocurridos el 22 de febrero de 2026 en Jalisco y fortalecer la protección de los derechos de la ciudadanía, el Pleno del Congreso aprobó diversos acuerdos durante la sesión extraordinaria .

En primer término, se avaló un acuerdo legislativo para proponer respetuosamente a los Poderes Ejecutivos estatal y federal la configuración de un plan integral de atención a las personas afectadas, que permita identificar y atender necesidades en materia patrimonial, de salud física y psicológica, reactivación económica, infraestructura y movilidad.

El acuerdo exhorta a los titulares del Ejecutivo estatal y federal a gestionar recursos para la atención de las personas afectadas, incluyendo la activación de los mecanismos previstos en la Ley General de Víctimas. Asimismo, se propone que de manera coordinada se realice un padrón y censo general de personas afectadas y de daños registrados en los municipios impactados, con base en la información de dependencias federales, estatales y municipales, a fin de dimensionar el alcance de las afectaciones y definir las acciones de atención.

Además, se establece la disposición de la Junta de Coordinación Política para programar reuniones de trabajo con los representantes que designen los Poderes Ejecutivos federal y estatal, con el propósito de sumar esfuerzos para la implementación del plan integral. También se plantea que los Ejecutivos convoquen a las y los presidentes municipales de los municipios afectados, para coordinar acciones y la elaboración del censo general de afectaciones.

En la misma sesión, se aprobó reformar la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Jalisco y sus Municipios, con el objetivo de hacer más accesible, rápido y favorable al ciudadano el procedimiento para reclamar indemnizaciones cuando sufra daños por la actuación irregular de autoridades estatales o municipales.

La reforma plantea reducir trámites, acortar plazos de resolución y establecer que la interpretación de la ley sea en favor del ciudadano, además de definir la actividad administrativa irregular en materia de seguridad pública y prever un fondo para atender reclamaciones menores, buscando que la reparación del daño sea más efectiva.